Aquel 16 de diciembre de 1993, los graves reclamos de la ciudadanía hicieron eclosión. Columnas de manifestantes quemaron los edificios institucionales y las viviendas de los, por entonces, actuales y ex funcionarios públicos de los 3 poderes.
A comienzos del mes de diciembre de 1993, el fin del gobierno de Carlos Mujica era inminente. La protesta del pueblo santiagueño ante el cúmulo de problemas irresueltos crecía en tono y ánimo. La inmediata consecuencia de todo ese maremagnum fue solicitar desde el Gobierno nacional la renuncia de Mujica, para que asumiera en su lugar el vicegobernador Fernando Lobo.
El desprestigio del gobierno santiagueño había cobrado una dimensión nacional imposible de revertir. En la provincia, Mujica enfrentaba pedidos de juicio político. La situación económica se complicaba cada vez más. Los giros coparticipables se desviaban para pagar los intereses de los créditos contraídos. Los fondos del entonces Banco de la Provincia se habían agotado en un verdadero festival de préstamos incobrables y en maniobras fraudulentas de arrastre, y los ingresos en concepto de adelantos enviados por la Nación eran incautados, no bien llegaban, para atender los compromisos con las entidades financieras privadas. El Ministerio de Economía de la Nación ya no quería enviar nuevas remesas de dinero.
Renuncia de Mujica
Luego de un encuentro con el ministro del Interior Carlos Ruckauf, Mujica regresó a Santiago y se reunió con el vicegobernador Fernando Lobo a quien le entregó la renuncia para que éste la anunciara públicamente. En silencio, sin decir una palabra, se retiró del lugar del encuentro. Su función al frente del Poder Ejecutivo había terminado.
La asunción de Fernando Martín Lobo, un mes antes del estallido social, si abrió expectativas alentadoras, éstas no tardaron en desvanecerse. Sus días como gobernador estaban contados, básicamente por no producir cambios sustanciales y colocar para conducir el área económica, precisamente, al ex ministro de Mujica, Aizar Antonio Assefh, lo que fue visto como un retorno al pasado inmediato que no se quería repetir. Por otra parte, el Gobierno nacional exigió la aplicación de la Ley Omnibus, pensando que así se podrían corregir desajustes, pero el pueblo reaccionó con mayor virulencia a la demostrada en manifestaciones anteriores, convencido de que se trataba de una salida traumática que perjudicaría enormemente a los empleados públicos, entendiendo que estaban sentenciados al despido masivo por culpa de las malas administraciones corrompidas.
Ley Omnibus
El 13 de noviembre de 1993, en la Legislatura provincial, la mayoría votó por la cuestionada ley que terminaría siendo el detonante para derrumbar al gobierno. En su artículo duodécimo, la ley establecía: “Declárase en disponibilidad a todo el personal del Estado Provincial” y “el cese inmediato de todo el personal que no haya alcanzado a la fecha de la presente, un año de antigüedad desde el momento de su designación”. Estas disposiciones de la Ley Omnibus, resultaban semejantes a las que se habían aplicado una semana antes en Jujuy, y que habían generado una revuelta popular que derivó en la intervención.
Por otra parte, existían claros indicios que hacían presumir que Lobo había sido abandonado a su suerte desde las altas esferas del Gobierno nacional. El nombre del ex interventor en la provincia de Tucumán, Julio César Aráoz -que ya había circulado como elegido por Carlos Menem para intervenir al gobierno de Mujica-, nuevamente cobraba fuerza a través de los medios de prensa, esta vez, como reemplazante de Lobo. No obstante, también en los círculos del poder central, la situación de Santiago del Estero llegó a generar una suerte de interna entre los adeptos a “Chiche” Aráoz -de quien se decía que había montado una autocampaña para imponerse como delegado federal-, y el ministro de Economía, Domingo Cavallo, que sugería al Presidente la nominación de su amigo y ex funcionario, Juan Schiaretti, para gobernar la descarrilada provincia de Santiago del Estero.
A esta altura de los acontecimientos, el “santiagueñazo” era inminente. Tras el gobierno de Mujica, la meteórica gestión de Lobo hacía agua. Hasta que cercado por la embestida de las manifestaciones públicas, e incapaz de encontrar una salida a la grave situación, ordenó no reprimir a los manifestantes y optó por abandonar la sede del gobierno junto a sus ministros, en un camión de los Bomberos Voluntarios. Su actitud, quedaría para la discusión de los tiempos posteriores. Así fue como se llegó al 16 de diciembre de 1993. Con un gobierno que navegaba descalabrado, con fuertes vientos en su contra en medio de un mar embravecido, con tormentas sociales y políticas que terminaron por provocar su naufragio al no poder evitar la rebelión de un pueblo que ya no podía contener su descontento. El 17 de diciembre, desde Roma, el presidente Carlos Menem ordenaba la intervención federal a Santiago del Estero, designando a Juan Schiaretti.
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