El 19 de julio de 1924, cientos
de integrantes de los pueblos Qom y Moqoit fueron víctimas de una brutal
represión en el Chaco. Detrás de la matanza había conflictos por la tierra,
explotación del trabajo indígena y un sistema que castigaba cualquier resistencia.
Casi cien años después, la Justicia reconoció la responsabilidad del Estado.
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| Población de la Reducción de Napa'alpí, 1920. Foto: Archivo General de la Nación |
Hay episodios de la historia
argentina que durante décadas quedaron al margen de los libros escolares y de
las conversaciones públicas. La masacre de Napalpí es uno de ellos. Ocurrió en
1924, en el corazón del Chaco, cuando la expansión agrícola avanzaba sobre los
territorios indígenas y el cultivo del algodón dependía de trabajadores
sometidos a condiciones profundamente desiguales.
El 19 de julio de aquel año, un
grupo armado atacó a integrantes de los pueblos Qom y Moqoit que se encontraban
reunidos en protesta. Murieron centenares de personas. Hubo persecuciones,
mutilaciones y enterramientos en fosas comunes. Después llegó un largo período
de impunidad y negación que mantuvo los hechos fuera de buena parte de la
historia oficial.
En mayo de 2022, casi un siglo
más tarde, un juicio por la verdad reconoció la responsabilidad del Estado
argentino y calificó los crímenes como delitos de lesa humanidad cometidos en
el marco de un proceso de genocidio contra los pueblos indígenas.
Para entender lo ocurrido en
Napalpí hay que remontarse a las décadas anteriores. La matanza fue parte de
una historia de despojo territorial, explotación y enfrentamientos por el
control de la tierra.
Un territorio ocupado y una
población sometida
A fines del siglo XIX, el Estado
argentino intensificó su avance militar sobre los territorios indígenas del
Chaco y Formosa. La ocupación permitió incorporar extensas superficies a la
producción agrícola y ganadera, pero tuvo consecuencias devastadoras para las
comunidades que habitaban la región.
La pérdida de tierras modificó
sus formas de subsistencia. Muchas familias quedaron sometidas a nuevas
relaciones laborales y a mecanismos de control que limitaban su autonomía. Las
reducciones indígenas, impulsadas por el Estado, concentraron a la población en
espacios donde las autoridades buscaban regular la vida cotidiana y disponer de
su fuerza de trabajo.
Napalpí formaba parte de ese
sistema.
Por entonces, la economía
chaqueña atravesaba una transformación acelerada. El algodón ganaba terreno y
los productores necesitaban trabajadores para levantar las cosechas. Muchas
comunidades indígenas, privadas de buena parte de sus medios de vida, quedaron
atrapadas en relaciones laborales que favorecían a los propietarios rurales.
La desigualdad se expresaba en
los salarios, pero también en la libertad de movimiento, en las posibilidades
de elegir dónde trabajar y en el trato que recibían de las autoridades.
El algodón, la huelga y el
conflicto
En 1924, Fernando Centeno
gobernaba el Territorio Nacional del Chaco. Durante su gestión se profundizaron
las tensiones entre las comunidades indígenas, los productores agrícolas y las
autoridades territoriales.
Uno de los principales conflictos
giraba en torno a la posibilidad de trasladarse a los ingenios azucareros de
Salta y Jujuy para trabajar durante la zafra. Allí, los indígenas podían
conseguir ingresos que consideraban más convenientes que los ofrecidos en las
explotaciones algodoneras chaqueñas.
Los productores locales querían
retener esa mano de obra. Las restricciones a los desplazamientos agravaron el
malestar, que también estaba relacionado con las condiciones de trabajo y de
vida.
En ese contexto, integrantes de
los pueblos Qom y Moqoit se concentraron en la zona de El Aguará, vinculada con
la reducción de Napalpí. La protesta expresaba el rechazo a las condiciones
impuestas y el reclamo de mayor libertad para decidir sobre su propio trabajo.
Las autoridades interpretaron el
movimiento como una amenaza al orden establecido. La prensa local también
contribuyó a presentar la protesta como un peligro para la seguridad del
territorio.
El conflicto terminó de la peor
manera. En lugar de buscar una salida negociada, las autoridades recurrieron a
la fuerza.
El 19 de julio de 1924
Aquella mañana, fuerzas
policiales y otros hombres armados atacaron a la población indígena reunida en
El Aguará. Las reconstrucciones históricas describen una acción organizada en
la que participaron más de un centenar de hombres armados.
Entre las víctimas hubo hombres y
mujeres, niñas, niños y ancianos. Los relatos recogidos posteriormente dieron
cuenta de una violencia que continuó después de los disparos: se produjeron
mutilaciones, hubo enterramientos en fosas comunes y los sobrevivientes fueron
perseguidos.
La cantidad exacta de muertos
todavía presenta dificultades documentales. Los registros disponibles no
permiten establecer una cifra indiscutible. Esa incertidumbre también está
relacionada con las condiciones en que ocurrió la matanza y con el silenciamiento
posterior.
La sentencia del juicio por la
verdad de 2022 consideró probados delitos de homicidio agravado y reducción a
la servidumbre contra entre 400 y 500 integrantes de las comunidades Qom y
Moqoit. Otras fuentes oficiales han mencionado más de 200 personas asesinadas.
Las cifras difieren, pero todas remiten a una matanza de enormes dimensiones.
Napalpí no fue un enfrentamiento
espontáneo entre grupos que se disputaban un territorio. El ataque se produjo
en medio de un conflicto laboral y político, dentro de un sistema que
restringía la libertad de las comunidades indígenas y protegía intereses económicos
vinculados con la producción agrícola.
Después de la matanza, el
silencio
La violencia dejó una marca
profunda entre los sobrevivientes y sus familias. El sufrimiento continuó mucho
después del ataque. Durante años, el reconocimiento público de lo ocurrido fue
limitado y las versiones oficiales contribuyeron a ocultar las responsabilidades.
La memoria de Napalpí se mantuvo
viva, en buena medida, gracias a las propias comunidades indígenas. Los
testimonios pasaron de una generación a otra. En las familias se conservaron
nombres, escenas y recuerdos que no siempre encontraron lugar en los archivos
institucionales.
Esa transmisión resultó decisiva
cuando comenzaron las investigaciones más profundas. Los relatos de
sobrevivientes y descendientes permitieron confrontar las versiones oficiales
con otras experiencias del pasado y reconstruir aspectos de la matanza que habían
permanecido ocultos.
Los documentos también aportaron
pruebas. Los archivos estatales conservaron registros que ayudaron a conocer
las condiciones de vida en las reducciones y el funcionamiento de las
instituciones involucradas. El Archivo General de la Nación aportó documentación
histórica utilizada durante el proceso judicial.
La investigación reunió así
fuentes de distinta naturaleza: papeles administrativos, testimonios, estudios
históricos y pruebas sobre la actuación de las fuerzas estatales.
En Napalpí aparece una
contradicción que atraviesa buena parte de la historia argentina. El Estado
impulsó la ocupación del territorio y organizó un modelo productivo que, al
mismo tiempo, recurrió a la violencia contra quienes resistían las condiciones impuestas.
La falta de reconocimiento posterior prolongó ese daño.
Casi cien años después, la
Justicia reconoció los crímenes
Entre abril y mayo de 2022 se
desarrolló en Chaco un juicio oral por la verdad. Habían pasado casi cien años
desde la matanza y ya no había imputados vivos a quienes juzgar. El proceso
buscaba establecer judicialmente lo sucedido y reconocer las responsabilidades
por los crímenes cometidos.
El 19 de mayo de 2022, la jueza
federal Zunilda Niremperger dictó la sentencia. La Justicia reconoció la
responsabilidad del Estado nacional y consideró que los hechos constituían
crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco de un proceso de genocidio
contra los pueblos indígenas.
El fallo estableció medidas de
reparación y memoria. Entre ellas, la difusión de la sentencia, un acto público
de reconocimiento de responsabilidad, la creación de un museo y sitio de
memoria en el lugar de los hechos y el impulso de políticas de reparación
histórica para las comunidades Qom y Moqoit.
La sentencia no podía devolver la
vida a las víctimas ni borrar el sufrimiento de sus descendientes. Tampoco
podía reparar, por sí sola, décadas de silencio. Pero dejó asentado un
reconocimiento judicial que durante mucho tiempo había faltado.
La memoria de Napalpí sigue en
disputa
Recordar la masacre obliga a
revisar una parte incómoda de la historia nacional. Durante mucho tiempo, los
relatos sobre la formación del Estado argentino destacaron la expansión
territorial y el crecimiento económico sin detenerse lo suficiente en la violencia
ejercida contra los pueblos originarios.
Napalpí permite ver de cerca la
relación entre territorio, producción y poder. El algodón que impulsaba la
economía chaqueña crecía dentro de un sistema en el que los trabajadores
indígenas tenían escasa libertad para elegir dónde emplearse y en qué condiciones.
También deja preguntas sobre la
manera en que se construye la memoria colectiva. ¿Por qué algunos hechos ocupan
un lugar central en la historia pública mientras otros permanecen relegados?
¿Cuánto puede durar el silencio cuando las comunidades siguen transmitiendo sus
propios relatos? ¿Qué cambia cuando la Justicia reconoce una responsabilidad
que durante décadas fue negada?
Esas preguntas siguen abiertas.
La investigación histórica, la educación, la preservación de documentos y el
reconocimiento de las voces indígenas forman parte de una tarea que no termina
con una sentencia.
La masacre ocurrió el 19 de julio
de 1924, pero su historia continuó mucho después. Sobrevivió en los recuerdos
familiares, en los testimonios transmitidos entre generaciones y en las
investigaciones que reunieron pruebas para reconstruir los hechos. Casi un
siglo más tarde, Napalpí obtuvo un reconocimiento judicial que permitió
incorporar de manera explícita esa violencia a la historia pública argentina.
Conocer lo sucedido ayuda a
comprender cómo se construyó el país y cuáles fueron los costos humanos que
quedaron fuera de muchos relatos. Contar Napalpí exige atender a los documentos
y testimonios, reconocer la dimensión de la violencia y escuchar a las
comunidades que conservaron su memoria cuando las instituciones todavía la
relegaban. Durante décadas, ese silencio también formó parte de la historia.
Fuente consultada: www.argentina.gob.ar
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