Vinará 1821: La paz de los caudillos

 El día que el Norte dejó de mirarse con fusiles para empezar a mirarse con leyes.

En noviembre de 1819 -tiempos de revueltas internas y enfrentamientos armados en la frontera Norte con las milicias realistas-, Bernabé Aráoz fue nombrado gobernador de Tucumán, y a los pocos días, a través de un congreso elegido especialmente, hizo promulgar la constitución de la República de Tucumán, sosteniendo que era la respuesta regional al problema del país anarquizado. Sin embargo, Salta y Santiago del Estero decidieron no sumarse a la nueva entidad político-territorial gestada por Aráoz (En ese entonces, el nombre de república no significaba más que “estado” en su sentido local o nacional). Desde los días de los levantamientos del coronel Juan Francisco Borges, en 1815 y 1816, Santiago del Estero tenía latentes aspiraciones autonomistas que se reavivaron durante el gobierno a Bernabé Aráoz.

La chispa revolucionaria se encendió cuando los cabildantes santiagueños -presionados por Aráoz para elegir representantes que le fueran adictos-, decidieron convocar al comandante del Fortín de Abipones, Juan Felipe Ibarra, para enfrentar a las tropas del capitán Echauri, enviadas por Aráoz para instigarlos. El 31 de marzo -en plena Semana Santa-, se produjo el combate que dio el triunfo a las huestes de Ibarra. 

Obtenida la Autonomía Provincial de Santiago del Estero en forma definitiva el 27 de abril de 1820, el gobernador de Tucumán, general Bernabé Aráoz, no se conformó con la secesión político-geográfica del territorio que, hasta entonces, había integrado la Gobernación-Intendencia (ahora República) que gobernaba. Intentos militares, escaramuzas limítrofes de partidas invasoras y continuas amenazas provenientes de Aráoz, llevaron al gobernador santiagueño, comandante Juan Felipe Ibarra, a organizar también sus tropas y estacionarlas cerca de Vinará, posta estratégica y población colindante con la provincia de Tucumán, en el departamento Río Hondo. Simultáneamente, solicitaba la mediación del gobernador de Córdoba, general Juan Bautista Bustos, que ya había reconocido la autonomía santiagueña e invitaba a todas las provincias a elegir diputados para reunirse en Córdoba y proceder a la organización constitucional del país, ya que habían caducado todas las autoridades nacionales después de la renuncia del último director, general Rondeau y la disolución del Congreso Constituyente de 1816-1820. Ibarra se dirigió asimismo al gobernador de Salta, general Martín Miguel de Güemes, buscando ayuda, porque Güemes sufría idénticas hostilidades de parte de Aráoz, que le impedían organizar una división auxiliar para marchar sobre el Alto Perú, en ayuda combinada con el ejército del general José de San Martín que, en esos momentos, operaba sobre los realistas del Perú. Las hostilidades latentes durante todo el año veinte afloraron a comienzos del siguiente, cuando una partida armada en Tucumán (donde Aráoz acogía a los enemigos locales de Ibarra allí refugiados), bajo las órdenes del capitán Gregorio Iramaín y el coronel tucumano Pedro Roca, invadieron Santiago el 18 de enero de 1821.

Resurgió la guerra tucumano-santiagueña, y el 1 de febrero el gobernador Güemes se dirigió al Cabildo salteño haciendo conocer su decisión de ayudar a Santiago del Estero ante la invasión que sufría, y participar en la contienda junto al gobernador Ibarra. El 5 de febrero, en el combate de Los Palmares, Ibarra derrotó a las fuerzas de Iramaín-Roca, aprestándose a repeler nuevas invasiones, pues Aráoz organizaba su propio ejército con el fuerte armamento que había quedado de los restos del Ejército del Norte en Tucumán, puesto al mando de expertos veteranos de guerra. El coronel Abraham González y el coronel salteño Eduardo Arias, que defeccionó de la guerra gaucha y se exilió en Tucumán al servicio de Aráoz. Cabe señalar que el 13 de marzo de 1821, el gobernador salteño, Martín Miguel de Güemes, declaró la guerra a la República de Tucumán, argumentando que Bernabé Aráoz no había querido contribuir para el mantenimiento de la campaña del Alto Perú.

Güemes, por su parte, mandó un contingente para reforzar el ejército de Ibarra al mando del coronel Alejandro Heredia, de origen tucumano, enrolado con los salteños. Graves y fundadas sospechas se manifestaron acerca de la poca disposición de Heredia para enfrentar a sus comprovincianos, y de tentadoras propuestas de Aráoz a fin de arreglar una solución pactada. El hecho es que las tropas tucumanas se enfrentaron con las santiagueño-salteñas en el Rincón de Marlopa, el 3 de abril de 1821, en proximidades de la vecina capital, y los comandantes Gonzáles-Arias vencieron a Ibarra-Heredia en el enfrentamiento. Como consecuencia del mismo, los salteños se volvieron a su provincia, pues Güemes los precisaba para hacer frente a una conspiración interna, que estalló el 24 de mayo, con el fin de derrocar su gobierno, y los santiagueños retrocedieron hasta Vinará y allí acamparon para prevenir una nueva invasión a su provincia.

Uno de los pactos preexistentes a la Constitución

En esos momentos llegó a Santiago un mediador enviado por el gobernador Bustos, de Córdoba, quien quería evitar los conflictos internos, a fin de apresurar la reunión del Congreso Nacional en Córdoba, y organizar el país dentro de los principios federales. Era el doctor Andrés Pacheco de Melo quien, luego de conversar con Ibarra, se dirigió a Tucumán y comenzó a negociar el tratado de paz entre ambas provincias. Estas gestiones, comunicadas también a Güemes, tuvieron éxito al nombrarse los delegados para la redacción definitiva del tratado: el Presbítero Pedro León Gallo por Santiago del Estero y el Presbítero Pedro Miguel Aráoz (hermano de Bernabé), por Tucumán. El diputado cordobés sirvió de garante a sus cláusulas, y los negociadores lo firmaron en Vinará el 5 de junio de 1821, constituyéndose en uno de los Pactos Preexistentes que invoca la Constitución Nacional y en el primero del Norte. Cronológicamente, es el cuarto de los pactos fundadores, después del de Pilar -febrero de 1820-, de la Costa de Avalos en abril, inspirado por Artigas, y de Benegas, en noviembre de 1820. Así quedaba sellada la paz entre Tucumán y Santiago, con el compromiso de auxiliarse recíprocamente ante cualquier ataque o amenaza. Ambas provincias conservarían su independencia y cualquier problema territorial sería dirimido por el Congreso Nacional a reunirse en Córdoba, al cual debían concurrir Tucumán y Santiago; se obligaban a concurrir al Congreso e invitaban a Salta a adherir al pacto y a la invitación del gobernador Bustos. Ayudaría a Salta en su lucha contra los invasores realistas, y se devolverían prisioneros.

Dos días después de la firma del Pacto de Vinará, el 7 de junio por la noche, Güemes era emboscado en Salta por el militar español José María Valdéz. En la encerrona resultó herido y logró dirigirse a caballo hacia el río Arias, donde fue asistido y transportado en camilla para dirigirse hasta el Chamical, pero pese a los cuidados de su médico, el jefe gaucho murió en el trayecto el 17 de junio.

El 21 de agosto, era depuesto Aráoz del gobierno y reemplazado por el coronel Abraham González, su antiguo lugarteniente, quien ejerció el mando hasta el año siguiente. Separado Aráoz, la paz entre Tucumán y Santiago quedó afirmada.

Aunque las guerras civiles no terminarían, a partir del Pacto de Vinará, Santiago del Estero sentaba el primer precedente en el Norte de crear las condiciones fundamentales de paz interior y entendimiento entre estados para la firma del Pacto Federal de 1831 y sus posteriores adhesiones, el cual funcionó en los hechos como una Constitución de la Argentina que se organizaba como Nación, hasta la sanción de la Carta Magna de 1853. De ese modo, el ideal autonomista y federal de Santiago del Estero, que era una consecuencia de la Revolución de Mayo, se afianzaba en los hechos con su institucionalización en marcha, despejando injerencias y amenazas extrañas en la determinación de su destino.

Resúmen

El Pacto de Vinará, firmado el 5 de junio de 1821, puso fin a la guerra que mantenían

Santiago del Estero y Tucumán en los tiempos iniciales de nuestra Nación, constituyéndose en uno de los Pactos Preexistentes que invoca la Constitución Nacional. Cronológicamente es el cuarto, después del de Pilar (febrero de 1820), de la Costa de Avalos en abril, inspirado por Artigas, y de Benegas (24 de noviembre de 1820). De ese modo quedaba sellada la paz entre Santiago y Tucumán, con el compromiso de auxiliarse recíprocamente ante cualquier ataque o amenaza.

Fuente: nuevodiarioweb.com.ar

 

El significado de la autonomía santiagueña

Por: María Mercedes Tenti

 

Producida la revolución de mayo y realizado el pasaje del pacto de sujeción al pacto social para fundamentar el derecho a la emancipación, surgió otro conflicto en torno a la discusión sobre la existencia de una o de varias soberanías. Desde Buenos Aires, la afirmación de una única soberanía como depositaria del pacto social, llevó a la consolidación de una tendencia centralista o unitaria que se contraponía a la sustentada desde el interior del ex Virreinato, que argumentaba la existencia de tantas soberanías como pueblos interiores existían.

Teniendo en cuenta las categorías usadas en la época, la expresión ‘los pueblos’ hacía referencia a las ciudades convocadas por la Primera Junta a participar a través de sus cabildos. ‘Los pueblos’ designaban a las comunidades, a las futuras provincias y también a las ciudades, con sentido político, no territorial. En general implicaba la pertenencia a un grupo humano con lazos comunes, a una colectividad.

Desde el inicio de la revolución coexistieron conflictivamente las soberanías de las ciudades con la de los gobiernos centrales que trataban de delimitar una soberanía única. De allí es que resulta confuso discernir cuáles eran las pretensiones de los pueblos al autogobierno y cuáles procesos que podríamos denominar autonómicos.

En las luchas autonómicas en la provincia de Santiago del Estero podemos distinguir dos momentos. El primero, correspondiente al movimiento encabezado por Juan Francisco Borges, a partir de 1814, y el segundo el liderado por Juan Felipe Ibarra en 1820. Ambos en consonancia con dos etapas diferentes en los que distintos sectores de las élites dirigentes pujaban por conservar espacios de poder y afianzarse en ellos.

En el primero, fueron las antiguas familias afincadas en la capital provinciana, funcionarios del nuevo cabildo surgido a partir de la revolución de mayo integrado por comerciantes y propietarios de tierras cercanas a la capital, con acceso al riego del río Dulce, cuya posesión les venía del pasado colonial. Fueron precisamente estas élites las que se vieron más afectadas, en la primera década revolucionaria, por las consecuencias de la revolución. Como lo señala Tulio Halperin Donghi en Revolución y guerra, su decadencia se precipitó como consecuencia de la ruina del comercio altoperuano, la escasez de mano de obra, por cuanto los hombres útiles eran reclutados por los ejércitos revolucionarios, y la falta de recursos para su reconstrucción.

Contrariamente, el sector ganadero, con propiedades cercanas a la frontera con el indio en las márgenes del río Salado, fue el que menos sufrió los avatares de la revolución. Si bien contribuía con su ganado a los ejércitos patriotas, la coyuntura económica le resultaba favorable como consecuencia de la apertura del puerto de Buenos Aires al comercio libre y la ruina de la ganadería del litoral que trajo como aparejada la demanda de cueros santiagueños.

Frente a esta situación imperante, el cambio del equilibrio político local era inminente ya que la hegemonía de la capital y de los sectores propietarios de las tierras irrigadas del Dulce y funcionarios del cabildo se veía seriamente amenazada.

Esto se agudizó cuando unificado el gobierno nacional en 1814 en la figura de un Director Supremo, el primero en ocupar este cargo, Gervasio Antonio de Posadas, el 8 de octubre suscribió un decreto por el que dividía la antigua Gobernación Intendencia de Salta en dos gobernaciones: Salta, con capital en Salta, e integrada por las provincias de Salta y Jujuy, y Tucumán con capital en San Miguel, conformada por Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca. La consecuencia inmediata fue el comienzo de la lucha de Santiago del Estero -nuevamente considerada subalterna- por independizarse de la cabecera tucumana.

Desde enero de 1815 era teniente de gobernador de la provincia, Pedro Domingo Isnardi, simpatizante de la causa del denominado precursor de la autonomía santiagueña, Juan Francisco Borges. En abril, el gobernador de Tucumán, Bernabé Aráoz depuso a Isnardi de su cargo y designó jefe militar al comandante Antonio María Taboada, que apoyaba su gestión. Tanto el cabildo como las milicias locales no aprobaban esta designación y convocaron a un cabildo abierto que envió un petitorio al Director Supremo, expresándole que estaban dispuestos a sostener a su teniente gobernador ya que, decían “... no tuvimos un día más amargo que aquel aciago en que se estableció Tucumán en cabeza de provincia y se nos sometió a este Gobierno bajo el cual no hemos experimentado otra cosa que vejaciones, insultos y despotismos”. El nuevo jefe del ejecutivo, Álvarez Thomas, contestó al ayuntamiento solicitándole que tuviese resignación para esperar que, una vez que se reuniera el Congreso General -que iba a congregarse en Tucumán al año siguiente-, resolviese en forma definitiva la forma de gobierno que conviniera a todos los pueblos.

La sublevación de Borges

Al no recibir apoyo del gobierno nacional, Isnardi renunció a su cargo, hecho que fue aprovechado por los partidarios de Aráoz, que convocaron al Cabildo para elegir un teniente de gobernador provisorio. La elección recayó en Tomás Juan de Taboada, partidario de Aráoz. La reacción no se hizo esperar. El 4 de setiembre de 1815 Juan Francisco Borges, a la cabeza de unos setenta hombres, marchó rumbo a la casa de Taboada al que exigió la renuncia. Luego se dirigió hacia la plaza principal y mediante el tañido de las campanas del Cabildo convocó al vecindario, quien a viva voz lo proclamó gobernador provisorio. Aráoz mandó de inmediato tropas que se enfrentaron con las fuerzas rebeldes en la plaza principal. Borges fue herido y enviado prisionero a Tucumán, aunque al poco tiempo logró huir rumbo a Salta. Al año siguiente regresó a su ciudad natal.

Manuel Belgrano, jefe del ejército del Norte, propuso al Congreso, reunido en Tucumán en 1816, el nombramiento del sargento Gabino Ibáñez como teniente de gobernador y comandante de armas de Santiago del Estero. Ibáñez asumió el cargo ante la contrariedad de Borges y sus seguidores. El 10 de diciembre de 1816, Juan Francisco Borges inició su segundo movimiento emancipador. Apresó a Ibáñez, lo envió prisionero a Loreto, asumió nuevamente el cargo de gobernador provisorio y marchó al interior de la provincia a reclutar gente.

Enterado Belgrano de los sucesos, mandó una expedición al mando del comandante Gregorio Aráoz de Lamadrid, para reprimir a Borges y a sus seguidores. Éste había acampado en Pitambalá donde fue localizado y derrotadas sus fuerzas. La orden del Congreso era fusilar a los cabecillas de cualquier rebelión armada y Belgrano como jefe del ejército la hizo cumplir. Juan Francisco Borges fue fusilado el 1 de enero de 1817 en el paraje de Santo Domingo. Sus compañeros, Lorenzo Lugones, Pedro Pablo Montenegro y Lorenzo Goncebat, fueron castigados con menos rigor.

Más que la lucha por un federalismo comunal como consideraba Ricardo Levene, la sublevación de Borges se trató de la disputa de la burguesía santiagueña por ejercer su soberanía, iniciando el camino de separación de las provincias que componían el antiguo régimen de intendencias. Fue, en consecuencia, un proceso de retroversión de la soberanía ya que los pueblos concebían la relación con la autoridad central en términos de acuerdos pactados entre ciudades. El imaginario pactista, según el modelo formulado por Artigas, era más bien confederal que federativo.

Las luchas por la autonomía

Los primeros meses de 1820 fueron decisivos para el futuro de las Provincias Unidas del Río de la Plata. La Constitución de 1819, centralista y monárquica, rechazada por los caudillos del litoral, Francisco Ramírez de Entre Ríos y Estanislao López de Santa Fe, fue el detonante que determinó la marcha de las tropas federales hacia Buenos Aires, con el propósito de derrocar al gobierno directorial de Rondeau. Los ejércitos se enfrentaron el 1 de febrero de 1820 en la batalla de Cepeda y terminó con el triunfo de las montoneras de López y Ramírez. Como consecuencia el directorio y el Congreso fueron suprimidos. No había ya autoridades nacionales. Sin embargo, ese cúmulo de odios y enfrentamientos que estallaron en el año 20 y que llevó a un proceso de descomposición y desorganización nacional, marcó el inicio de la organización de las provincias que, en definitiva, revitalizó el proceso revolucionario por la participación de todas y cada una de las partes integrantes de la nacionalidad.

A fines de 1819, en Tucumán se había producido una sublevación que puso nuevamente al frente de la gobernación a Bernabé Aráoz. Mientras las provincias del litoral trataban de organizarse firmando pactos entre ellas, en el norte, Aráoz quería conformar un núcleo territorial autónomo integrado por las provincias de Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero, aunque reconociendo la inclusión en un todo, que era la propia nación. Por ello el gobernador tucumano instó a las provincias de Catamarca y Santiago para que enviasen sus diputados, a fin de constituir la denominada República del Tucumán. Para asegurarse una elección favorable envió tropas con el pretexto de escoltar al general Manuel Belgrano, con la salud sumamente quebrantada, en su viaje rumbo a Buenos Aires. Realizada la elección con la presencia coercitiva de las tropas tucumanas, los partidarios de la autonomía llamaron en auxilio al comandante de la frontera de Abipones, el general Juan Felipe Ibarra.

Ibarra pertenecía a una familia hegemónica en la zona fronteriza de Matará, aunque también tenía poder en la ciudad ya que algunos de sus miembros habían ocupado magistraturas en el cabildo. Era un caudillo que sustentaba su influencia en bases campesinas convertidas en montoneras criollas. Su poder se lo había ganado en su actuación en el Ejército del Norte, en las incursiones contra los indios que asolaban las fronteras y en el punto estratégico de la sede de su comandancia, situada en la unión de las rutas interprovinciales.

Si bien Ibarra no pertenecía a las familias capitulares de antigua raigambre virreinal y revolucionaria, estaba emparentado con ellas y su hegemonía política se sustentaba en las fuerzas armadas permanentes, custodias de la línea de fronteras, distintas a los grupos milicianos que se reclutaban en la ciudad en momentos de crisis. En consecuencia, su poder resultaba más independiente y menos compartido por las zonas que dominaba, con mayor equilibrio social y escasez de franjas en disputa.

Su poderío provenía de la militarización y asalarización de las tropas defensoras de la frontera indígena, que concentraban la mayor cantidad de la fuerza militar de la provincia. El impulso de la frontera como base del poder político procedía del predominio militar de ésta y de la crisis de poder de las burguesías urbanas.

Frente a la intromisión tucumana Ibarra marchó de inmediato rumbo a la capital santiagueña, con el apoyo de tropas santafesinas de Estanislao López. Enterado de su avance, el Cabildo encargó la protección de la ciudad al capitán Echauri e instó a todos los habitantes, mediante un bando, a alistarse para la defensa. En la madrugada del día 31 llegó al ayuntamiento una nota de Ibarra que decía: “No puedo ser ya más insensible a los clamores con que me llama ese pueblo en su auxilio por la facciosa opinión que sufre indebidamente de V. S. para cimentar de mucho su esclavitud. Me hallo ya a las inmediaciones de ese pueblo benemérito y si V.S. en el preciso término de dos horas desde el recibo de esta intimación, que desde luego lo hago, no le permite reunir libremente en un Cabildo abierto a manifestar su voluntad, cargo con toda mi fuerza al momento...”

El combate se dio en las inmediaciones de la iglesia Santo Domingo y concluyó con el rotundo triunfo de Ibarra. Inmediatamente un cabildo abierto lo eligió por unanimidad teniente de gobernador interino y proclamó un nuevo cabildo adicto a la causa de la autonomía. El 17 de abril, y sustentándose en teorías de derecho público similares a las sostenidas en la Revolución de Mayo, Ibarra y el Cabildo fundamentaron la reasunción de la soberanía ante la disolución del Congreso Nacional.

El nuevo gobernador juró su cargo el 25 y finalmente, el 27 de abril de 1820, los electores, reunidos en el cabildo, proclamaron solemnemente la autonomía de la provincia, para lo cual se labró el Acta correspondiente. En ella se especificaba que no se reconocía otra autoridad más que la del Congreso de todos los estados provinciales y se auspiciaba la reunión de una Junta Constitucional, que debía redactar una constitución provisoria según el sistema federal.

El movimiento autonómico invocaba los derechos del pueblo de auto gobierno, aunque manteniendo relación de dependencia con un poder central fruto de la organización nacional a partir de la reunión futura de un congreso general constituyente. La emergencia de las soberanías locales fue la respuesta de los pueblos del interior a las pretensiones centralistas de Buenos Aires. La cuestión de la soberanía pasó a ocupar el lugar protagónico al reasumirla los pueblos del interior, entre ellos, Santiago del Estero.

Las provincias, en consecuencia, no surgieron como parte constitutivas de un Estado central sino como Estados independientes, autónomos, con un nuevo régimen representativo. La antigua estructura virreinal fue disgregándose y surgieron soberanías autónomas que constituyeron nuevas provincias con nuevas jurisdicciones. A pesar de ello, se buscó reorganizar un orden social a través de la firma de pactos interprovinciales.

Los gobiernos provinciales conformados a partir de 1820, fueron al decir de Juan Bautista Alberdi, gobiernos de “carácter nacional por el rango, calidad y extensión de sus poderes”; consecuencia de la resistencia a la usurpación de atribuciones soberanas de la nación por parte de Buenos Aires. La cuestión de la soberanía provincial aparece, así, relacionada íntimamente con la de la ciudadanía. La emancipación de los poderes de base regional o provincial, a partir de 1820, pudo concretarse gracias a la disolución del poder central. Sin embargo, fueron estos gobiernos locales los que hicieron posible la constitución del poder central en 1853 con la sanción de la Constitución Nacional.

Bibliografía

- Alen Lascano Luis (1992): Historia de Santiago del Estero; Plus Ultra; Buenos Aires.

- Chiaramonte, José Carlos (1997): Ciudades, provincias, Estados: Orígenes de la Nación Argentina; Ariel, Buenos Aires.

- Goldman, Noemí (directora) (1998): Revolución, república, confederación; Sudamericana, Buenos Aires.

- Halperin Donghi, Tulio (2005): Revolución y guerra; Siglo Veintiuno. Buenos Aires.

- Tenti de Laitán, María Mercedes (1997): Santiago del Estero, desde los primitivos habitantes hasta el período ibarrista; Santiago del Estero.

Fuente: historiacriticammt.blogspot.com.ar

Principios y fines autonomistas

Ser autónomos es no tener amos fuera de nuestras fronteras, pero también significa que no los tengamos adentro. Se trata pues, de defender nuestros derechos y de promover el crecimiento de la provincia y de los más altos valores humanos.

Por Guillermo Adolfo Abregú. Investigador, ensayista. Santiago del Estero.

 

Un acta y un manifiesto hacían realidad la voluntad y la obra de los precursores y gestores de la autodeterminación (levantamientos del coronel Juan Francisco Borges en 1815 y 1816) como pueblo y como entidad jurídico-política que se sumaría al concierto de la Confederación de las Provincias del Río de la Plata y a la firma del Pacto Federal de 1831.

Hechos como éste empezaban a forjar un arduo e intrincado proceso, pero nítido en sus fines de alcanzar la Organización Nacional conformada por provincias autónomas enmarcadas en los postulados de un federalismo de auténticos propósitos, aunque no exento de tropiezos que perdurarían a través del tiempo.

Cierta historiografía calificó a aquellas acciones de militares de línea y caudillos de montoneras, sus invasiones, tomas de gobiernos y declaración de sus autonomías, como “la anarquía del año veinte”. Sin embargo, esas agitaciones culminaron con la consolidación definitiva de la República, aunque todavía quedarían pendientes muchos escollos por superar.

Repasando la historia, vemos cómo nos dividieron cuestiones de índole política o ideológicas (unitarios y federales, Buenos Aires y la Confederación, centralismo e interior). Esa problemática, en nuestro desarrollo histórico institucional ha tenido vigencia casi permanentemente, desde el momento en que no se impusieron ni se respetaron reglas claras que importen el acatamiento de los principios que sustenta el federalismo, como sistema aceptado y recibido por la Constitución de la Nación.

Federalismo precursor

Santiago del Estero mucho tiene que decir al respecto, porque a partir de la declaración de su autonomía se acentuó el sentido de un pacto federal que regulase las órbitas de poderes, promoviendo el crecimiento de la provincia, la justicia y la defensa de la región. Un año después de la declaración de la Autonomía, el gobierno del brigadier Juan Felipe Ibarra firmó en Vinará un tratado con Tucumán, que se constituyó en uno de los pactos preexistentes a la Constitución nacional.

Este acuerdo del 5 de junio de 1821 es uno de los pactos fundadores desde el que suscribieron en Pilar las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe. Pero recién en el año 1831, al firmarse el Pacto Federal, las provincias que fueron adhiriendo a él poco a poco, vislumbraron la posibilidad de obtener una coparticipación más equitativa, aunque el centralismo siguió manteniendo una marcada hegemonía sobre su puerto, sus rentas y el crédito público derivados de las provincias.

La Autonomía fue la voz de los hombres sin amos y una consigna común para la consolidación del federalismo. Y si éste no logró afirmarse realmente en la dimensión que debía cobrar, se convirtió en un sistema capaz de promover la búsqueda de soluciones para los desequilibrios, y al mismo tiempo en un derecho que consolida un proyecto de sociedad basado en la justicia y la libertad.

Efectivamente, en aquellos álgidos años comenzaba a formarse la Organización Nacional. Los caudillos provinciales repudiaron la política dictatorial y la hegemonía centralista. Así se levantaron Córdoba, San Juan, Tucumán, Mendoza y San Luis, ratificando la condición nacional en ciernes, como ya lo habían hecho Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos y Salta, o poco después Santiago del Estero y Catamarca. El 27 de abril de 1820, venciendo Juan Felipe Ibarra a las tropas tucumanas, la provincia entra a la historia libre de ataduras regionales, como lo fue con Tucumán, o centralistas con Buenos Aires, enarbolando su identidad, sus derechos, su dignidad y su autonomía.

Hechos, no retórica

A 192 años de aquel acontecimiento, nos replanteamos el significado de la autonomía y del federalismo, convalidando los principios que hicieron posible la Constitución Nacional y la formación de un país democrático.

Acerca de la desfederalización que ha existido durante tantas décadas en el país, es un problema real cuya solución debe ser encarada efectivamente por el Gobierno nacional y los gobiernos provinciales, mediante políticas que exterioricen una voluntad clara y concreta, en orden a revitalizar los principios federalistas y autónomos sobre los que se asienta nuestro sistema institucional.

El federalismo, la descentralización, deben ser objetivos claros, posibles, que no queden librados a la imaginación y voluntad creadora de los argentinos. Los ideales de integración (que de alguna manera están plasmados en la Constitución Nacional cuando habla de regionalización) y de vertebración deben ponerse en marcha de una vez por todas. Tenemos los instrumentos que ambicionamos para despertar de las pesadillas de tantas crisis que nos golpearon despiadadamente. La fe y el trabajo podrán ponerse en marcha y operar milagros.

No nos engañemos pensando que sólo los europeos (los países centrales) son capaces de reconstruir sobre las ruinas. Nuestra historia y nuestra cultura están hechas de historias increíbles, por eso no debemos descartar la posibilidad de unirnos para contribuir a la consolidación, fortalecimiento y perfeccionamiento del actual sistema institucional. Debemos cumplir así con la esencia misma del federalismo, que reclama por sobre todas las cosas, la férrea unión de los argentinos, que le dé sentido de plenitud a la existencia.

Durante largas décadas en la política argentina se abusó hasta el hartazgo de la retórica y de engañosos discursos. Esto sucedió cuando hubo que referirse al federalismo. Se lo exaltó como el sistema más acabado de una república que encontró en él su destino de grandeza, porque fundado en razones históricas y espirituales de incuestionable vigencia sirvió para modelar las características locales de los pueblos, sin que nada de ello se introdujera en un impedimento para la concepción nacional del país. Sin embargo, salvo las voces del interior que exigían la participación de las provincias en igualdad de condiciones -de acuerdo con los pactos preexistentes- los intereses portuarios siguieron practicando en los hechos una política unitaria netamente centralista, que no quería adaptarse a un federalismo vertebrador que obliga a respetar las autonomías y a concertar con las provincias acuerdos políticos, sociales y económicos.

Hoy seguimos insistiendo en visualizar una nueva tónica de posibilidades de concretar viejas aspiraciones; para ello hacen falta profundizar las coincidencias y la aceptación en lo que realmente importa, que es el federalismo que tanto se proclama y que aprendimos a amar casi como un símbolo más de los argentinos, para que tenga vida propia y deje de ser una brillante teoría para erigirse en una efectiva y productiva realidad.

Hay que reflotar el sentido del federalismo, para que deje de ser el grito de batalla de unos contra otros.

Autonomía y dignidad

Aquel 27 de abril de 1820, cuando tras ser convocado por los cabildantes, el comandante de Abipones, Juan Felipe Ibarra, venció a las tropas enviadas desde Tucumán -de donde se dependía-, logrando hacer realidad el sueño libertario, Santiago del Estero recuperaba su dignidad, su “ser autónomo”, y al mismo tiempo marcando un hecho trascendente que fue ejemplo de principios jurídicos y políticos que sirvieron para dar sustento y continuidad a los ideales de integración y de respeto mutuo entre las provincias.

Esa dignidad debe ser preservada hoy más que nunca, evitando las divisiones y abriendo caminos de convivencia y superación, sin que ello signifique no reparar errores, y no caer en situaciones que propicien las intervenciones foráneas, como las últimas que tuvo la provincia en 1993 y 2004.

Ser autónomos es ser libres, pero al mismo tiempo representa saber cuidar esa libertad.

Ser autónomos es no tener amos fuera de nuestras fronteras, pero también significa que no los tengamos adentro. Se trata pues, de defender nuestros derechos y de promover el crecimiento de la provincia y de los más altos valores humanos.

Juan Felipe Ibarra: el caudillo que dio forma a la santiagueñidad

 Luchador de la independencia, figura del federalismo, patriarca temido y a veces incomprendido: la historia de Ibarra se mueve entre la leyenda y la verdad. Tres décadas al frente de Santiago del Estero dejaron una huella imborrable en la construcción de la identidad provincial y nacional.

En el contexto de una Argentina que transitaba los primeros pasos de su vida independiente —marcada por la esperanza de libertad, pero también por profundas disputas internas—, Juan Felipe Ibarra se consolidó como una figura clave en la historia política del norte argentino. Forjado en la experiencia militar y moldeado por el convulsionado escenario posterior a 1810, Ibarra gobernó Santiago del Estero durante más de treinta años, dejando un legado que aún despierta admiración, controversia y debate historiográfico.

Militar desde joven, participó en las campañas del Ejército del Norte y fue designado por Manuel Belgrano para custodiar el Fuerte de Abipones, en los márgenes aún inestables del territorio nacional. Allí, ejerció funciones militares y políticas en simultáneo, enfrentando incursiones indígenas y consolidando una presencia estatal en zonas de frontera. Su actuación en ese contexto reflejó una temprana capacidad de liderazgo y una visión pragmática del poder.

Con la caída del orden virreinal, Ibarra protagonizó uno de los episodios fundacionales del federalismo en el norte: en 1820, rompió con la autoridad del gobernador tucumano Bernabé Aráoz, y —con el respaldo de Martín Miguel de Güemes— logró la autonomía de Santiago del Estero. Fue el inicio de una prolongada etapa de gobierno que lo convertiría en referente político de la región.

Un poder en clave federal

A partir de entonces, Ibarra se transformó en figura central de la política provincial. Gobernó como caudillo, pero también como gestor de una institucionalidad frágil, en un escenario donde las provincias funcionaban como unidades semiautónomas y los liderazgos personales eran condición de estabilidad. Nombró gobernadores, protegió a sus aliados y combatió a sus opositores. Estableció vínculos con figuras clave del federalismo como Dorrego, Quiroga y Rosas, pero también negoció con el general Paz, a quien enfrentaría posteriormente.

Esta flexibilidad política, lejos de implicar inconstancia, evidencia su sentido estratégico y su comprensión de la complejidad del mapa político nacional. Ibarra no fue un mero ejecutor de órdenes ni un líder aislado, sino un actor con capacidad de maniobra y visión regional.

La dimensión íntima de un líder político

Más allá de lo estrictamente político, la figura de Ibarra también se rodea de episodios personales que alimentan el interés histórico. Uno de ellos, particularmente enigmático, es su matrimonio por poder con Ventura Saravia, y el inmediato retorno de la joven a la casa paterna al día siguiente. Las razones de ese gesto nunca fueron explicitadas. Sin embargo, décadas después, Saravia estuvo presente en los últimos días del caudillo y fue su heredera legal. El episodio, aunque anecdótico, revela la densidad simbólica y emocional de las relaciones de poder en el siglo XIX.

Una figura que desborda el estereotipo

Contrariamente a ciertos relatos que lo vinculan con la violencia arbitraria y la rudeza del caudillismo, numerosos testimonios contemporáneos lo describen como un hombre instruido, de trato noble y con conciencia institucional. Pedro Ferré, gobernador de Corrientes, dejó constancia de su impresión positiva sobre Ibarra, destacando su educación y sensibilidad. Este perfil, menos difundido, permite complejizar la imagen tradicional del caudillo como figura meramente autoritaria.

Su adhesión al federalismo fue sostenida, aunque no excluyente. Defendió con firmeza la soberanía provincial, pero también articuló acciones en defensa del interés nacional. En 1833, protestó ante la corona británica por la ocupación de las Islas Malvinas, y en 1835 firmó el Tratado Interprovincial que buscaba evitar la fragmentación del norte argentino. Rechazó sumarse a la Coalición del Norte y desestimó ofertas para intervenir en cuestiones exteriores, convencido de que ese tipo de decisiones debían surgir del acuerdo entre las provincias.

Muerte, confiscación y legado

Ibarra falleció el 15 de julio de 1851. Lo hizo sin saber de la caída inminente de Rosas ni de la ruptura promovida por Urquiza. Murió con la certeza de haber sido leal a la causa federal y a su pueblo. Solicitó ser enterrado con el hábito mercedario, en un gesto que conjugaba convicciones religiosas y simbología política.

Tras su muerte, el nuevo orden lo condenó al olvido. Sus bienes fueron confiscados y su viuda, Ventura Saravia, debió refugiarse en Tucumán. Sin embargo, la memoria histórica no logró borrarlo. Su figura quedó anclada entre dos polos: el del caudillo autoritario y el del fundador visionario. Ambas imágenes conviven en el imaginario colectivo santiagueño, y reflejan la ambivalencia de un siglo caracterizado por la tensión entre centralismo y autonomía, entre orden e identidad regional.

Como bien señala el historiador Luis Alén Lascano, “la tarea del historiador no es aplaudir ni condenar, sino comprender vitalmente el drama humano”. En ese sentido, Ibarra encarna de forma paradigmática las contradicciones del siglo XIX argentino. No puede ser comprendido desde una mirada unidimensional. Fue un hombre de su tiempo, con aciertos, errores y silencios. Y, sobre todo, con una profunda incidencia en la construcción política de su provincia y en la historia del federalismo argentino.

Por: Leyendas del folclore santiagueño

Fuente: Adaptación basada en el artículo del historiador Luis Alén Lascano (1970)

Caudillos, economía y poder en Santiago del Estero (1820-1851)

Introducción

Entre 1820 y 1851, Santiago del Estero vivió un período clave marcado por la construcción de un Estado provincial en medio de guerras civiles, alianzas políticas y transformaciones económicas. Bajo el liderazgo del caudillo federal Juan Felipe Ibarra, la provincia enfrentó desafíos como la reorganización fiscal, el crecimiento poblacional y la tensión entre mitos historiográficos y realidades documentales. Este ensayo explora cómo la economía santiagueña, lejos de la "decadencia" narrada por autores como Orestes Di Lullo, mostró resiliencia a través de su sistema impositivo y su integración a los circuitos comerciales del Río de la Plata, utilizando fuentes contables inéditas hasta el trabajo de Alejandro Yocca (2008).

Crecimiento poblacional y contradicciones historiográficas

Contrario a la narrativa de una sociedad en "franco retroceso" (Di Lullo, 1946), los datos censales revelan un crecimiento demográfico significativo. Entre el censo de Vértiz (1778) y el primer censo nacional (1869), la población en algunas jurisdicciones se multiplicó por diez (Yocca, 2007, Gráfico 1).

Este aumento cuestiona las tesis de Luis Alen Lascano (1996), quien atribuyó el empobrecimiento provincial al libre comercio y las guerras independentistas. Alberto Tasso (2007) matiza esta visión, señalando que la competencia con manufacturas importadas solo se intensificó hacia fines del siglo XIX.

El contexto político: Ibarra, Taboada y la guerra civil

Santiago del Estero emergió como provincia autónoma en 1820, tras separarse de Tucumán. Ibarra gobernó con interrupciones —como las invasiones unitarias de 1831 y 1840—, consolidando un régimen federal aliado a Juan Manuel de Rosas. Su muerte en 1851 desencadenó la ascensión de Manuel Taboada, quien confiscó sus bienes acusándolo de malversación: "administrar los caudales de la provincia arbitrariamente" (Alen Lascano, 1996, p. 203). Esta rivalidad reflejó la pugna entre facciones caudillistas y la instrumentalización de la fiscalidad como herramienta política.

Estructura impositiva: entre la herencia colonial y las urgencias de guerra

El estado santiagueño heredó impuestos coloniales como las alcabalas (4% sobre transacciones) y el diezmo, pero innovó con tributos adaptados a su realidad:

Impuestos clave: Las alcabalas y el piso de carretas (gravamen al tránsito mercantil) fueron los pilares recaudatorios, representando el 60% de los ingresos (Yocca, 2008, Cuadro 1).

Medidas extraordinarias: Empréstitos forzosos y confiscaciones a unitarios (1842) financiaron campañas militares.

Burocracia incipiente: La percepción dependió de receptores locales y la venta de cargos, como el encargado de papel sellado (Yocca, 2008, p. 19).

Economía y comercio: más allá del mito de la decadencia

Los registros fiscales desmienten el estancamiento económico. Rubros como la exportación de cueros y mulas tuvieron impuestos específicos desde 1830, evidenciando su vitalidad. Además, la sequía de 1847-1848 —que obligó a Rosas a enviar auxilios— no paralizó la recaudación, que se mantuvo estable (Gráfico N°1). Como señala Yocca: "el cambio [económico] de orientarse hacia Buenos Aires en vez de Potosí no generó decrecimiento" (2008, p. 3).

Fuentes y legado: un archivo por explorar

El Archivo Histórico de Santiago del Estero (AHSE) conserva balances y libros de caja que revelan la "abundancia de fuentes contrastada con el desorden" (Yocca, 2008, p. 19). Documentos como el Reglamento Provisorio de 1830 muestran intentos por regular la fiscalidad, aunque primó la improvisación. La ausencia de estudios sistemáticos previos —salvo recopilaciones tucumanas como las de Bousquet (1878)— resalta el valor pionero de esta investigación.

Conclusión

La Santiago del Estero de Ibarra fue un laboratorio de construcción estatal donde economía y política se entrelazaron. Lejos de la "agonía" descrita por Di Lullo, la provincia demostró capacidad de adaptación, con una fiscalidad que priorizó el comercio y la tierra pública. Las tensiones entre Taboada e Ibarra, así como los vaivenes entre unitarios y federales, ilustran cómo el control de los recursos definió el poder. Este ensayo invita a profundizar en fuentes aún no catalogadas, que podrían reescribir la historia económica del noroeste argentino.

Fuentes citadas

Yocca, A. (2008). Caudillos y negocios provincianos... XXI Jornadas de Historia Económica.

Alen Lascano, L. (1996). Historia de Santiago del Estero. Plus Ultra.

Tasso, A. (2007). Ferrocarril, Quebracho y alfalfa... Alción Editora.

Gargaro, A. (1944). El Poder Legislativo santiagueño... Amoroso.

Buchbinder, P. (2004). Caudillos de pluma... Prometeo Libros.

Nota final: Este ensayo se basa en documentos primarios del AHSE y estudios académicos, contrastando versiones para mostrar una Santiago del Estero más compleja que la narrada por sus mitos.

"La historia se escribe con documentos, pero también con la voluntad de cuestionar sus silencios" (Yocca, 2008, p. 20).