Cenizas del Poder: Crónica del Santiagueñazo, el día que el pueblo decidió no callar más

Por la Redacción de Leyendas del folclore santiagueño

Tres días de furia, los tres poderes del Estado reducidos a escombros y una clase política que, lejos de rendir cuentas, volvió al poder como si nada hubiera pasado. A tres décadas del 16 de diciembre de 1993, desmontamos la maquinaria de corrupción, clientelismo y abandono estatal que empujó a un pueblo entero al límite. Esta es la historia del "Santiagueñazo": no solo el relato de una pueblada, sino la radiografía de un sistema que sobrevivió a sus propias cenizas.

El mito del santiagueño manso

Durante años, la narrativa oficial pintó la imagen de un santiagueño resignado, folclórico, casi como un cuadro en su pobreza. Un pueblo que cantaba chacareras, soportaba el calor y aceptaba sin chistar lo que sus caudillos les ofrecían —o les quitaban—. Era una historia conveniente para quienes estaban en el poder: si el pueblo era manso por naturaleza, entonces no había necesidad de rendir cuentas.

El 16 de diciembre de 1993, ese mito se hizo añicos junto con la Casa de Gobierno.

Ese jueves, grupos de manifestantes no pidieron permiso ni esperaron promesas. Incendiaron y destruyeron las sedes de los tres poderes provinciales, además de doce residencias de los principales dirigentes políticos. No fue un acto de vandalismo sin sentido. Fue, como dice la historiadora María Mercedes Tenti, una "pueblada": una acción colectiva con objetivos claros. El pueblo sabía exactamente qué quemar y qué respetar. Y eso, para el poder, resultaba mucho más amenazante que un simple motín.

El laboratorio del saqueo: Cómo se vació un Estado

Para entender el Santiagueñazo, es fundamental dejar de lado la idea de que fue una "explosión espontánea" o el resultado de "agitadores externos", como intentaron hacer creer algunos funcionarios después. En realidad, fue la consecuencia lógica —casi matemática— de un sistema diseñado para el despojo.

En 1989, Carlos Menem asumió la presidencia y lanzó un plan de privatizaciones que prometía "modernizar" el país. Sin embargo, en provincias empobrecidas como Santiago del Estero, esa modernización significó una sola cosa: desguace. El gobernador César Eusebio Iturre, presionado por el gobierno nacional, sancionó en 1990 la Ley de Emergencia Económica N° 5.808. Esta ley era una carta blanca para privatizar todo: desde la empresa de agua potable (DIPOS) hasta el matadero, el casino, el hipódromo y la terminal de ómnibus.

¿Y qué pasó con esas privatizaciones? Prácticamente nada. Un año después, los análisis coincidían en que la ley había sido "una aspiración política del gobierno provincial para congraciarse con el gobierno nacional más que un verdadero intento de realizar un cambio". En otras palabras, fue solo una fachada. El Estado seguía siendo igual de ineficiente, pero ahora tenía la excusa perfecta para ajustar cuentas con los más vulnerables.

Mientras tanto, los datos duros mostraban un panorama aterrador. Según el INDEC, en 1988 más del 53,5% de los hogares de Santiago del Estero y La Banda eran pobres. Más de 150.000 personas no podían cubrir la canasta básica. En el interior provincial, los hacheros de los departamentos Copo y Alberdi trabajaban en condiciones de semiesclavitud, cobrando en especie como en el siglo XIX, sin convenios colectivos ni relación de dependencia. El "progreso" que prometía Menem nunca llegó a los montes santiagueños.

La fiesta de los privilegios: Ñoquis, asesores fantasma y jubilaciones doradas

Mientras el pueblo se apretaba el cinturón hasta casi no poder respirar, la clase política santiagueña disfrutaba de una orgía de privilegios que hoy resulta casi increíble —si no fuera porque está bien documentada—

Durante la campaña electoral de 1991, las designaciones en el Estado "llovieron" por todos lados. El número de empleados públicos saltó de 28.000 a casi 40.000 en cuestión de meses. No era un plan de empleo genuino: era puro clientelismo, el intercambio más antiguo del manual político argentino. Un cargo a cambio de un voto, una lealtad comprada con un sueldo estatal.

A esto se sumaban los "ñoquis" —empleados que cobraban sin trabajar— y los asesores fantasmas. El Poder Ejecutivo llegó a contar con más de cincuenta asesores entre los tres ministerios y la secretaría general, con sueldos que iban de $1.000 a $5.000 mensuales. Algunos de ellos, según las denuncias de la época, no cumplían "ninguna función".

En abril de 1993, mientras la provincia se desmoronaba, la Legislatura tuvo la desfachatez de aprobar una ley que otorgaba un "plus de privilegio" de $2.100 a todos los funcionarios. Leído así, parece un chiste de mal gusto. Pero no lo era: era el retrato de una casta política que había perdido todo contacto con la realidad.

¿Y los hospitales? En quiebra virtual. Los médicos denunciaban que el hospital de niños ni siquiera tenía oxígeno. ¿Los comedores infantiles? Cerrados, a pesar de que la Nación enviaba $500.000 mensuales para su funcionamiento. ¿Dónde iba ese dinero? Nadie lo sabía. O mejor dicho: todos lo sospechaban.

El fraude institucionalizado: La "Ley de Lemas" y el robo de la voluntad popular

Si el saqueo económico no era suficiente, el sistema político santiagueño también perfeccionó el saqueo de la democracia.

En 1991, se instauró la "Ley de Lemas", un mecanismo electoral perverso que permitía que un candidato se convirtiera en gobernador, incluso si no era el más votado individualmente. Solo necesitaba que la suma de los votos de su partido superara a la de sus oponentes. Era una trampa legal diseñada para mantener a los mismos de siempre en el poder.

Las elecciones de octubre de 1991 fueron un verdadero escándalo. Cuando el escrutinio provisorio mostraba que José Luis Zavalía (UCR) había obtenido el 42% de los votos frente al 28,6% de Carlos Aldo Mujica (PJ), el sistema de lemas dio un giro inesperado. Mujica fue proclamado gobernador en una sesión legislativa que se llevó a cabo "entre gallos y medianoche", como se solía decir en esa época.

Zavalía denunció fraude, se autoproclamó "gobernador moral" y luego "gobernador de la Constitución", recibiendo bastones de mando simbólicos en actos multitudinarios. Santiago del Estero tenía dos gobernadores y ningún gobierno real. La democracia había sido despojada de su esencia.

El gobierno fantasma de Carlos Mujica

El gobierno de Mujica llegó al poder ya con un pie en la tumba y gobernó como si ya estuviera enterrado.

Entre febrero y abril de 1993, el gobernador apenas se presentó en la Casa de Gobierno, asistiendo solo diez días. El resto del tiempo lo pasó en Buenos Aires, en gestiones que nunca dieron resultados o en interminables negociaciones dentro del peronismo con el veterano caudillo Carlos Juárez.

Su ausencia no era solo física; era también política, moral y administrativa. Los sueldos se retrasaban mes tras mes. Los docentes organizaban huelgas masivas y el ciclo lectivo apenas lograba funcionar. Un medio porteño, con una crueldad que no dejaba de ser cierta, calificó a Santiago del Estero como la "capital de Burrolandia" porque solo se había dictado el 60% de las clases previstas para el año.

El colmo llegó cuando se supo que, poco antes de la crisis terminal, Mujica había viajado a Estados Unidos con $50.000 en viáticos personales. Cincuenta mil pesos —equivalentes a cincuenta mil dólares en la convertibilidad— para un viaje personal, mientras los empleados públicos no cobraban y los hospitales carecían de insumos.

El 27 de octubre de 1993, acorralado por la amenaza de un juicio político, Mujica renunció. Dejó tras de sí una deuda exigible de $160 millones de pesos y una provincia en quiebra técnica. No ofreció explicaciones al pueblo que supuestamente lo había elegido. Simplemente se marchó.

La "Ley Ómnibus": El ajuste como detonante

Fernando Lobo, quien asumió como vicegobernador tras la renuncia de Mujica, se encontró con un verdadero desastre institucional. Su mandato duró apenas 50 días. Su principal "logro" fue impulsar la aprobación de la Ley 5.986, conocida como "Ley Ómnibus", un paquete de ajustes drásticos diseñado por el equipo de Domingo Cavallo.

¿Qué proponía esta ley? El despido de todo el personal temporal que había ingresado después de 1990. La reducción de salarios hasta los niveles de febrero de 1990. Recortes en las jubilaciones. La privatización de prácticamente todo lo que quedaba: DIPOS, los casinos, el Banco Provincia, la Caja de Ahorro, y la terminal de ómnibus.

La ley fue aprobada el 13 de noviembre de 1993, en medio de enfrentamientos entre la policía y los manifestantes que rodeaban la Legislatura. Era el último clavo en el ataúd de la paciencia popular.

Los paros se multiplicaron. Los jubilados marchaban todos los días. Los comercios cerraban en solidaridad —y porque no tenían clientes, ya que nadie tenía dinero para comprar—. La provincia se destacaba en las estadísticas nacionales como la "capital del paro".

Y entonces llegó el 16 de diciembre.

Anatomía de una pueblada: El día que todo ardió

La mañana del 16 de diciembre comenzó con una movilización convocada por el Frente de Gremios en Lucha. Pero algo había cambiado. La base había desbordado a la dirigencia. Ya no eran solo los delegados sindicales: eran los empleados administrativos, los judiciales, los municipales, los docentes, los enfermeros, los jubilados. Incluso curas y monjas se sumaron a las columnas.

Cuando la policía —escasa, mal equipada y sin elementos antimotines— intentó contener la protesta y el jefe de policía resultó herido por una pedrada, el dique se rompió. Las fuerzas de seguridad se retiraron, abandonando la ciudad a su suerte. O, mejor dicho, a su justicia.

Lo que siguió no fue un saqueo indiscriminado. Fue una demolición quirúrgica del poder.

La Casa de Gobierno fue la primera en arder. Los manifestantes ingresaron, arrojaron muebles por las ventanas, quemaron archivos. Un empleado público se sentó en el sillón del gobernador en el balcón, en una imagen que recorrió el país: la ocupación simbólica del poder por parte de quienes lo habían padecido.

La Legislatura, donde se habían sancionado las leyes del ajuste y los privilegios, fue consumida por las llamas. Las bancas de los diputados fueron arrojadas desde el piso superior mientras se nombraba en voz alta a quienes las habían ocupado horas antes. Era una performance de la indignación.

El Palacio de Tribunales, símbolo de una justicia lenta, cómplice y subordinada al poder político, también ardió. Los jueces que acumulaban causas sin resolver y que miraban para otro lado ante la corrupción vieron su templo reducido a cenizas.

Pero la ira no se detuvo en los edificios públicos. La multitud se dirigió a las residencias privadas de los políticos más cuestionados. Doce viviendas de dirigentes peronistas —Juárez, Mujica, Iturre, Crámaro— fueron incendiadas y saqueadas. La casa de Zavalía también fue atacada, pero el caudillo radical se atrincheró con un grupo de seguidores.

Lo que el fuego respetó: La inteligencia de la bronca

Uno de los aspectos más impactantes —y menos discutidos— del Santiagueñazo es lo que la gente decidió no destruir.

El Teatro 25 de Mayo y el Museo de Ciencias Antropológicas, que se encuentran justo debajo de la Legislatura, fueron resguardados por los propios manifestantes. Las propiedades cercanas a las de los políticos también fueron respetadas. No hubo saqueos en supermercados, almacenes ni tiendas de ropa.

Los únicos "saqueos" que ocurrieron fueron en depósitos de mercaderías del Ministerio de Bienestar Social que estaban en las casas de los funcionarios. En otras palabras: la gente recuperó lo que les habían quitado.

El pueblo sabía exactamente qué quemar y qué proteger. No era una "turba irracional", como algunos medios intentaron retratar. Era un colectivo con metas claras: destruir los símbolos del poder y la corrupción. Todo lo demás fue respetado.

La intervención federal: El ajuste con gendarmes

El 17 de diciembre, mientras los disturbios se propagaban por La Banda, el gobierno nacional de Carlos Menem decidió intervenir. Juan Schiaretti, parte del equipo de Cavallo, fue nombrado interventor. Ese mismo día, tropas de Gendarmería Nacional llegaron para "restablecer el orden".

Schiaretti tomó posesión el 18 de diciembre frente a la Casa de Gobierno, que había quedado en ruinas, mientras la multitud lo recibía con silbidos y abucheos. El ex gobernador Fernando Lobo fue escoltado por gendarmes, enfrentándose a la hostilidad de la gente que se había reunido en la plaza.

El interventor culpó del estallido a las "administraciones anteriores, sumidas en una crisis moral y ética", y prometió investigar la corrupción. Sin embargo, esas palabras se las llevó rápidamente el viento santiagueño.

¿Qué hizo Schiaretti en realidad? Pagó adelantos salariales de $500 a los empleados y $300 a los jubilados. Estableció sueldos máximos de $3.500 para los funcionarios. Y, lo más importante, implementó la misma reforma del Estado que había desencadenado el estallido, pero esta vez respaldado por la fuerza de las bayonetas de Gendarmería.

La intervención federal, compuesta en su mayoría por miembros del equipo de Cavallo, llegó con dinero fresco y un objetivo político adicional: asegurar el apoyo de Santiago del Estero a la reforma constitucional que Menem estaba negociando con Alfonsín en el Pacto de Olivos.

El Santiagueñazo logró mitigar el hambre inmediata. Pero no pudo —ni podía— desmantelar la estructura política que lo había originado.

El retorno de los mismos: La pregunta incómoda

Aquí es donde llegamos al punto más inquietante de esta historia. Y es una pregunta que la historiadora María Mercedes Tenti plantea con valentía: ¿Cómo es posible que, a pocos años del Santiagueñazo, los mismos políticos cuestionados —aquellos cuyas casas fueron incendiadas— regresaran al poder?

Carlos Juárez, el veterano caudillo cuya casa se incendió el 16 de diciembre, fue elegido gobernador nuevamente en 1995. José Luis Zavalía, el radical que se defendió a balazos, volvió a ser intendente de la Capital en 1999. César Iturre, Mujica, Crámaro y muchos otros continuaron transitando los pasillos del poder provincial.

¿Y cómo se explica esto? La respuesta radica en la esencia misma del clientelismo político. Las relaciones clientelares no se extinguen con el fuego. Se construyen a lo largo de años, incluso décadas, a través de favores personales, prebendas y lealtades que se forjan una a una. Un colchón entregado en el momento preciso, una chapa para el techo, un puesto para el hijo, una bolsa de alimentos antes de las elecciones. El clientelismo no opera en el ámbito de las ideas ni de los programas políticos: se mueve en el terreno de las relaciones personales, cara a cara, patrón a cliente.

Desde los círculos de poder, Tenti señala que se busca que el santiagueño sea "un pueblo sin memoria". Que olvide el 16 de diciembre. Que vuelva a ser dócil, folclórico, resignado.

Conclusión: Las cenizas que no se apagan

El Santiagueñazo fue muchas cosas a la vez. Fue un estallido de bronca acumulada. Fue una pueblada con objetivos claros. Fue una demostración de que incluso el sistema más opresivo tiene un límite. Y fue, también, una derrota: porque el sistema que lo provocó sobrevivió a sus propias cenizas.

Treinta años después, Santiago del Estero sigue siendo una de las provincias más pobres del país. El clientelismo sigue operando. Las formas de hacer política apenas han cambiado. Y desde el poder, se sigue intentando tapar el 16 de diciembre con un "manto de olvido".

Pero la memoria colectiva es más terca que los relatos oficiales. Los santiagueños que vivieron aquel día —los que marcharon, los que miraron desde las veredas, los que escucharon las radios FM narrando los hechos como si fuera un partido de fútbol— no han olvidado.

Recordar el Santiagueñazo no es romantizar la violencia. Es reconocer que cuando un pueblo es empujado al límite por el hambre, la corrupción y el desprecio de sus gobernantes, encuentra en su indignación el combustible para cambiar la historia. O al menos para intentarlo.

Las cenizas de la Casa de Gobierno, la Legislatura y el Palacio de Tribunales se limpiaron hace mucho. Pero el fuego que ardió aquel 16 de diciembre sigue encendido en algún lugar de la memoria santiagueña. Y eso, para el poder, siempre será una advertencia.

Fuentes consultadas:

Articulo periodístico basado en el trabajo "A 30 años, aportes para un análisis explicativo de la pueblada del 16 de diciembre de 1993 en Santiago del Estero", escrito por María Mercedes Tenti.

* Boletín Oficial de Santiago del Estero (1990-1993).

* Archivos periodísticos de El Liberal y Nuevo Diario (1993).

* Auyero, Javier; "Etnografía de la protesta: El Santiagueñazo".

* Dargoltz, Raúl; "El Santiagueñazo: El Despertador" (1994).